Un juez federal ordenó a la administración de Donald Trump detener de inmediato los arrestos y detenciones de refugiados legalmente reasentados en Minnesota, como parte de la llamada Operación PARRIS, al considerar que estas acciones podrían violar derechos fundamentales protegidos por la ley estadounidense.
La decisión fue emitida este miércoles mediante una Orden de Restricción Temporal (TRO, por sus siglas en inglés), que impide a las autoridades migratorias continuar con estas prácticas mientras avanza la demanda judicial que las impugna.
Además, el tribunal ordenó la liberación inmediata de todos los refugiados actualmente detenidos en Minnesota y dispuso que aquellas personas trasladadas a centros de detención en Texas sean liberadas en un plazo máximo de cinco días.
La orden judicial se concedió en el marco de una demanda colectiva presentada por un grupo de refugiados, representados por el Proyecto Internacional de Asistencia a los Refugiados (IRAP), el bufete Berger Montague y el Center for Human Rights and Constitutional Law (CHRCL).
También participa como demandante organizacional The Advocates for Human Rights, una organización sin fines de lucro que brinda representación legal directa a los refugiados afectados en Minnesota.
“Esta Orden de Restricción Temporal establecerá de inmediato límites urgentemente necesarios para ICE y protegerá a los refugiados reasentados de ser ilegalmente objeto de arrestos y detenciones”, afirmó Kimberly Grano, abogada del área de litigios en Estados Unidos de IRAP.
En su resolución, el juez federal Paul Tunheim subrayó que los refugiados cuentan con derechos legales plenos en el país.
“Los refugiados tienen derecho legal a estar en Estados Unidos, derecho a trabajar, derecho a vivir en paz y —lo que es fundamental— derecho a no ser sometidos al terror de ser arrestados y detenidos sin órdenes judiciales ni causa, en sus hogares o cuando se dirigen a servicios religiosos o a comprar alimentos”, señaló el magistrado.
“A lo mejor de sí misma, Estados Unidos sirve como un refugio de libertades individuales en un mundo con demasiada tiranía y crueldad. Abandonamos ese ideal cuando sometemos a nuestros vecinos al miedo y al caos”, añadió.
Vulnerables a la deportación
La demanda sostiene que la administración Trump ha estado apuntando de manera ilegal contra refugiados con estatus legal con el objetivo de provocar una terminación masiva de su condición migratoria, dejándolos vulnerables a la deportación.
Según el documento judicial, desde el anuncio de la Operación PARRIS el pasado 9 de enero, agentes armados de ICE comenzaron a realizar arrestos puerta por puerta en comunidades de refugiados en Minnesota, incluidos niños y personas de edad avanzada.
Muchos de los detenidos fueron trasladados a centros de detención en Texas, donde algunos permanecieron encarcelados por más de una semana. Otros fueron sometidos a interrogatorios intensos o trasladados entre distintas instalaciones mientras permanecían encadenados.
El comunicado también señala que varias de las personas liberadas en Texas fueron abandonadas en la calle, generalmente sin dinero, documentos de identificación ni medios para regresar a sus hogares.
La orden temporal permanecerá vigente hasta que concluya el proceso de presentación de argumentos relacionados con una posible medida cautelar preliminar.
“Nos alegra que el tribunal haya puesto fin a la campaña de terror de ICE contra nuestros vecinos refugiados”, afirmó E. Michelle Drake, directora ejecutiva y accionista principal de Berger Montague. “El fallo de hoy es una victoria importante y un recordatorio de que los tribunales son un contrapeso poderoso”.
“Con esta orden, el juez reconoció que esta práctica brutal y sin sentido es ilegal y exigió que el gobierno respete las protecciones históricas para los refugiados”, declaró Sarah Kahn, abogada principal del Center for Human Rights and Constitutional Law.
