Cinco personas fueron acusadas de haberse hecho pasar por abogados de inmigración, creando documentos legales falsos e incluso organizando procedimientos judiciales simulados para engañar a extranjeros que buscaban obtener la residencia legal en Estados Unidos, según una acusación formal en el Tribunal Federal de Brooklyn (NYC).
Los cinco sospechosos fueron acusados de fraude electrónico, conspiración para lavado de dinero y suplantación de identidad de un funcionario o empleado de Estados Unidos, según el fiscal federal Joseph Nocella, Jr.
Tres de los acusados -Daniela Alejandra Sánchez Ramírez (25), Jhoan Sebastián Sánchez Ramírez (29) y Alexandra Patricia Sánchez Ramírez (88)- fueron arrestados el viernes por la tarde en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty en Nueva jersey cuando intentaban abordar un vuelo a Colombia con boletos sólo de ida, detalló Daily News.
La investigación del gobierno reveló comunicaciones entre los acusados y sus víctimas, recibos de transferencias bancarias y mensajes intercambiados que detallaban a qué cantidad de los pagos ilícitos tenía derecho cada uno de los estafadores. El esquema les reportó a los acusados un total de más de $100,000 dólares, según los fiscales
Una cuarta acusada, Marlyn Yulitza Salazar Pineda (24) fue detenida en un restaurante de Nueva Jersey, mientras que una quinta acusada, cuyo nombre no se ha revelado, permanece prófuga. Según los fiscales federales, los acusados residen en Nueva Jersey y en Ibagué, Colombia. Los fiscales no aclararon la relación entre los acusados, tres de los cuales comparten el mismo apellido.
Entre marzo de 2023 y noviembre de 2025 los sospechosos se hicieron pasar por abogados que operaban en un oficina legal de inmigración falsa, llamada “CM Bufete de Abogados Consultoría Migratoria”, y que captaban clientes potenciales principalmente a través de Facebook.
Tras cobrar honorarios a sus víctimas que oscilaban entre cientos y miles de dólares, los acusados les enviaban documentos falsos, manipulados para que parecieran oficiales, con los símbolos de agencias federales y, en ocasiones, haciendo referencia a los casos judiciales de inmigración en curso de sus “clientes”, según los fiscales.
Llegaron incluso a organizar procedimientos de inmigración falsos, incluyendo entrevistas de asilo y comparecencias judiciales por videoconferencia, en las que los acusados se vistieron con togas judiciales y uniformes de policía para hacerse pasar por funcionarios judiciales. Para complementar la artimaña, se veían de fondo banderas del Departamento de Seguridad Nacional y carteles con la leyenda “Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos” (USCIS), según los fiscales.
Si bien los procedimientos judiciales de inmigración legítimos se llevan a cabo en inglés los estafadores realizaron sus entrevistas judiciales falsas en español para tranquilizar a sus víctimas, agregaron los fiscales. Cuando una de sus víctimas se dio cuenta de la farsa y buscó asistencia legal legítima, los acusados le enviaron mensajes amenazándolo con la deportación, según consta en documentos judiciales.
En algunos casos los acusados informaron a sus víctimas que sus casos se habían resuelto con éxito, pero en realidad carecían de credenciales y no ofrecieron a sus “clientes” ningún servicio legal legítimo. Como resultado, algunas de sus víctimas no comparecieron ante el tribunal y, como consecuencia, se ordenó la deportación de al menos una de ellas.
Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.
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