Un bloque de legisladores demócratas del Congreso presentó ante la Corte Suprema un escrito para defender la ciudadanía por nacimiento frente a la orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump que busca eliminarla para hijos de padres indocumentados o con visas temporales nacidos en Estados Unidos.
El documento, entregado en el caso Trump v. Barbara ante la Corte Suprema de Estados Unidos, sostiene que la medida presidencial contradice la Constitución, la jurisprudencia histórica del tribunal y leyes federales vigentes.
Los argumentos orales están previstos para el 1 de abril de 2026.
La iniciativa, coordinada por el Grupo de Trabajo de Litigios de la Cámara, fue respaldada por el presidente del Caucus Hispano, Adriano Espaillat, con la adhesión de 216 legisladores de ambas cámaras.
Defensa de la Decimocuarta Enmienda
En su presentación, los legisladores afirman que la Decimocuarta Enmienda establece un mínimo constitucional que garantiza la ciudadanía a “todas las personas nacidas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción”.
Añaden que el Congreso conserva autoridad para ampliar —no reducir— ese alcance mediante legislación.
“El Congreso tiene libertad de otorgar la ciudadanía por nacimiento de manera más amplia, a personas que no la adquieren en virtud del texto constitucional”, dijeron.
El escrito también cuestiona la coherencia jurídica de la interpretación promovida por la Administración, al advertir que podría afectar a hijos de solicitantes de asilo y generar consecuencias masivas sobre el estatus legal de millones de personas.
Impacto potencial en ciudadanos
Según los firmantes, hasta 1,8 millones de estadounidenses nacidos de padres sin autorización migratoria podrían quedar expuestos a perder su ciudadanía si prevalece la postura del Ejecutivo.
Argumentan que una aplicación “prospectiva” impediría que muchos ciudadanos dejaran de cumplir los criterios legales para votar, obtener pasaportes u otros derechos básicos.
“La administración no puede cambiar eso anunciando que (por ahora) tratará a esos ex estadounidenses como si fueran ciudadanos, otorgándoles beneficios que la ley les prohíbe tener”, añaden.
El documento subraya que, aun si el Gobierno decidiera seguir reconociendo ciertos beneficios, la legislación vigente impediría otorgarlos a quienes dejaran de ser considerados ciudadanos bajo la nueva interpretación.
Críticas al uso del poder ejecutivo
Los legisladores concluyen que la orden representa un intento de modificar el marco legal migratorio sin pasar por el proceso legislativo.
Señalan que propuestas para limitar la ciudadanía por nacimiento han sido debatidas durante décadas sin éxito en el Congreso y que el Ejecutivo busca ahora lograr ese objetivo mediante decreto.
También remarcan que la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 sigue siendo el marco legal que regula la ciudadanía y que cualquier cambio sustancial debería aprobarse por vías constitucionales, no por decisión unilateral.
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