La entidad apartidaria dijo que esta medida ayudará a invisibilizar a los infractores de la ley ante la sociedad, generará más corrupción e impunidad y que se pretende revertir el principio de que la transparencia es la regla y la privacidad la excepción.
“La organización independiente, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, se opone a la nueva política, aprobada por el Poder Judicial como regla general, aplicable incluso por defecto, que permite eliminar o sustituir cualquier información que pueda identificar o hacer identificable a cualquier persona. persona natural, lo que contribuirá a invisibilizar a los infractores de la ley ante la sociedad, especialmente los corruptos, generando impunidad y mayor corrupción”, dijo la agencia en un comunicado de prensa.
Asimismo, la organización señaló que la constitucion dominicana establece que como parte del debido proceso los juicios deben ser públicos.
“La Constitución es clara al establecer como parte de la tutela judicial efectiva y del debido proceso que los juicios serán públicos, lo cual no sólo es una garantía que protege a los imputados, sino también a la sociedad, transparentando lo que sucede en los juicios. , especialmente los de carácter penal”, expresó.
La entidad sostuvo que la publicidad de los juicios debe incluir la identificación de jueces, fiscales, abogados, notarios, alguaciles, secretarios judiciales, asistentes y todo el personal relacionado, así como de las partes en el proceso, imputados, demandantes, víctimas, actores civiles. , también testigos e informantes, con las excepciones oportunas para proteger a los menores y a las personas vulnerables.
Al mismo tiempo, dijo que el acceso a los expedientes de los casos judiciales corresponde no sólo a las partes en el proceso, sino a cualquier ciudadano y en especial a los medios de comunicación, a fin de garantizar el derecho a la información y a la libre expresión. Contrariamente a este principio, la nueva política establece restricciones para terceros, término que incluye a la prensa y a los ciudadanos.
En este sentido, la entidad indicó que cualquier conflicto entre el derecho a la información y expresión y el derecho a la privacidad debe, como regla general, resolverse a favor de la transparencia, especialmente cuando se trata de funcionarios y bienes públicos, con las excepciones correspondientes. que debe ser muy específico.
El grupo apartidista dijo que de acuerdo con la nueva normativa del Poder Judicial, la lista de datos personales sujetos a anonimato es extensa, y que incluye incluso la cédula de identificación y electoral, la cual es necesaria para realizar múltiples operaciones privadas y permite diferenciación personas con el mismo nombre.
“Esta política busca apoyarse en la experiencia de otros países, olvidando que estos países han alcanzado un nivel de desarrollo institucional, incluido el sector justicia, que nuestro país aún no ha alcanzado”, afirmó la entidad.
También dijo que la medida genera preocupación ya que surge en un momento en que el país tiene el desafío de combatir la corrupción y el crimen organizado.
“Participación Ciudadana expresa su preocupación porque esta medida se da en momentos en que el país tiene el gran desafío de combatir la corrupción, el crimen organizado, así como delitos tan graves como la trata de personas, el lavado de dinero, los feminicidios y la pederastia, que tanto daño hace a sociedad”, expresó.
Finalmente, sostuvo que de manera especial, existe preocupación de que la política de protección de datos del poder judicial pueda servir de apoyo a los jueces para impedir que los ciudadanos y la prensa accedan a la información, un logro fundamental en un régimen democrático y en países con bajos niveles. de transparencia.
