El gobierno de Florida asegura que Alligator Alcatraz fue diseñado como temporal, pero mantiene capacidad de operar bajo órdenes federales del DHS
Florida mantiene abierta la posibilidad de seguir enviando migrantes al centro de detención ‘Alligator Alcatraz’, pese a que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) trasladó recientemente a los detenidos por el inicio de la temporada de huracanes.
La administración estatal sostiene que las instalaciones, ubicadas en los Everglades al oeste de Miami, continúan operativas y listas para recibir nuevos traslados si el Gobierno federal lo solicita. El mensaje contrasta con la decisión de ICE de reubicar temporalmente a los migrantes como medida preventiva ante los riesgos climáticos.
Kevin Guthrie, director de la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM), insistió en que el centro no ha sido desactivado y que su funcionamiento depende de la coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
“En este momento, no nos han dicho que nos retiremos, por lo que todavía estamos en condiciones de recibir detenidos de nuevo, si eso es lo que desea el Departamento de Seguridad Nacional”, afirmó en una conferencia de prensa.
El centro, inaugurado tras una visita del presidente Donald Trump, se ha convertido en un punto clave dentro de la política migratoria del estado de Florida, impulsada por el gobernador Ron DeSantis. Pese a los cuestionamientos, el gobierno estatal asegura que la instalación ha permitido procesar a decenas de miles de migrantes desde su apertura.
DeSantis ha defendido en reiteradas ocasiones que el complejo no fue concebido como permanente, pero sí como una herramienta operativa dentro del sistema de detención migratoria. Tras el aviso de ICE, negó que el centro estuviera vacío y evitó sugerir un cierre definitivo.
Las autoridades estatales también insisten en que la infraestructura es capaz de resistir fenómenos meteorológicos de baja intensidad y que existen planes de evacuación en caso de tormentas.
Sin embargo, organizaciones ambientalistas y de derechos civiles han vuelto a cuestionar la existencia del centro, tanto por su ubicación en una zona ecológicamente sensible como por los reportes de su alto costo operativo y su impacto en los Everglades.
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