«En NY creemos en la seguridad pública, la rendición de cuentas y la confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades a las que sirven», dijo Hochul
La confrontación entre el estado de Nueva York y la administración del presidente Donald Trump escaló esta semana con una nueva batalla judicial centrada en las políticas migratorias y el papel de las fuerzas del orden. La gobernadora Kathy Hochul y la fiscal general Letitia James presentaron una demanda para defender un paquete de leyes estatales que exige mayor transparencia a los agentes federales y limita la participación de recursos locales en tareas de control migratorio.
La acción legal surge después de que el Departamento de Justicia demandara al estado el pasado 22 de junio con el objetivo de bloquear la entrada en vigor de las nuevas disposiciones, programada para este viernes.
Entre las medidas más controvertidas se encuentra una ley que prohíbe a agentes locales, estatales y federales ocultar su identidad con pasamontañas, mascarillas o coberturas faciales durante interacciones con el público, además de exigir que porten identificaciones visibles. Según las autoridades estatales, la norma busca fortalecer la confianza entre las comunidades y las fuerzas del orden, así como evitar que personas ajenas a las corporaciones policiales se hagan pasar por agentes durante operativos.
“En Nueva York creemos en la seguridad pública, la rendición de cuentas y la confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades a las que sirven”, afirmó Hochul al anunciar la demanda junto a líderes comunitarios, defensores de inmigrantes y funcionarios electos.
El choque legal gira en torno a la autoridad de los estados
La demanda presentada por Nueva York sostiene que el gobierno federal intenta vulnerar facultades reservadas a los estados bajo la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Además de la prohibición del uso de pasamontañas, el paquete legislativo incluye la denominada ley “Policías Locales, Delitos Locales”, que impide que gobiernos municipales y agencias policiales suscriban acuerdos de cooperación migratoria tipo 287(g), utilizados para que autoridades locales colaboren con agencias federales en la detención de personas por presuntas infracciones migratorias.
La administración estatal argumenta que los recursos policiales locales deben destinarse a combatir delitos y problemas de seguridad pública dentro de sus comunidades, en lugar de apoyar programas federales de deportación.
Letitia James aseguró que las nuevas leyes establecen estándares básicos de transparencia y rendición de cuentas para cualquier autoridad que opere dentro del estado. “Los agentes del orden deben ser claramente identificables y los recursos locales deben utilizarse para atender las necesidades de seguridad pública de nuestras comunidades”, señaló la fiscal general.
El gobierno federal acusa una interferencia inconstitucional
Desde Washington, el Departamento de Justicia sostiene una posición opuesta. En su demanda, argumenta que Nueva York está intentando regular de manera inconstitucional el trabajo de agentes federales encargados de hacer cumplir las leyes migratorias. Funcionarios federales afirman que las restricciones ponen en riesgo la seguridad de los agentes, quienes han enfrentado amenazas, acoso y campañas de divulgación de información personal en distintas partes del país.
“El estado no puede decirles a los agentes federales cómo realizar su trabajo”, afirmó el fiscal general adjunto Stanley Woodward al anunciar la acción judicial. La controversia ha generado una fuerte reacción entre organizaciones de derechos civiles y grupos de defensa de inmigrantes, que respaldan la postura de Nueva York y consideran que la identificación visible de los agentes es fundamental para garantizar la transparencia y prevenir abusos durante operativos migratorios.
El caso podría convertirse en una de las disputas más relevantes sobre la relación entre los estados y el gobierno federal en materia migratoria durante el segundo mandato de Trump. La decisión que adopten los tribunales federales podría sentar un precedente nacional sobre los límites de la autoridad estatal frente a las políticas de inmigración impulsadas desde Washington.
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