El juez James Boasberg emitió en marzo de 2025 una orden judicial provisional que bloqueaba la deportación de un grupo de migrantes venezolanos a El Salvador
Un tribunal federal de apelaciones ordenó poner fin a la investigación por desacato contra la administración de Donald Trump relacionada con vuelos que trasladaron a migrantes venezolanos a El Salvador en 2025, al considerar que el proceso judicial fue improcedente.
La decisión la tomó un panel dividido de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, cuya mayoría concluyó que el juez de primera instancia, James Boasberg, excedió sus facultades al impulsar un procedimiento por desacato penal.
Según la opinión mayoritaria, redactada por la jueza Neomi Rao, la administración Trump tiene un derecho “claro e indiscutible” a que se cierre el caso, reseñó la agencia de noticias The Associated Press.
El fallo sostiene que el desacato penal solo procede cuando se viola una orden judicial “clara y específica”, algo que, a juicio del tribunal, no ocurrió.
“La orden de marzo de 2025 no prohibía de forma clara y específica al gobierno transferir a los demandantes a la custodia salvadoreña”, escribió Rao, quien argumentó que continuar con la investigación constituía un abuso de discreción.
Las deportaciones a El Salvador
El conflicto se remonta al 15 de marzo de 2025, cuando Boasberg emitió una orden judicial provisional que bloqueaba la deportación de un grupo de migrantes venezolanos a El Salvador, basándose en una ley del siglo XVIII.
Pese a la medida, dos aviones con migrantes partieron desde Estados Unidos hacia ese país centroamericano, donde los trasladados fueron recluidos en una prisión de alta seguridad.
La administración atribuyó la decisión a la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Boasberg consideró que el gobierno pudo haber actuado de mala fe al ejecutar los vuelos y aseguró que no recibió explicaciones satisfactorias, lo que dio pie al proceso por desacato.
“Un duro golpe al estado de derecho”
La decisión del tribunal de apelaciones no fue unánime. La jueza J. Michelle Childs emitió un voto disidente en el que advirtió que el fallo limita la autoridad de los tribunales inferiores.
Según Childs, la decisión podría afectar futuros procesos judiciales, al permitir que las partes cuestionen el alcance de las órdenes antes de que se determine si hubo desacato.
Por su parte, Lee Gelernt, abogado de los migrantes y representante de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, anunció que solicitarán una revisión del caso ante el pleno del tribunal.
Calificó la decisión como “un duro golpe al estado de derecho” y afirmó que la administración violó deliberadamente la orden judicial.
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