La administración del presidente Donald Trump demandó al estado de Nueva York por una reciente ley migratoria que, según el gobierno federal, interfiere con la aplicación de las leyes de inmigración y vulnera la autoridad de Washington. La demanda fue presentada el lunes ante un tribunal federal de Buffalo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, reseñó Gothamist.
En ella, el gobierno sostiene que dos disposiciones aprobadas por la Legislatura estatal como parte del presupuesto de $277,000 millones de dólares son inconstitucionales porque violan la cláusula de supremacía de la Constitución estadounidense, que establece la primacía de las leyes federales sobre las estatales en determinadas áreas.
La controversia gira en torno a una norma que prohíbe a los agentes del orden, incluidos funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ocultar sus rostros mientras estén de servicio e interactúen con el público, salvo en casos de trabajo encubierto.
La otra disposición impide que las agencias policiales locales celebren acuerdos de cooperación migratoria conocidos como 287(g), mediante los cuales colaboran formalmente con ICE. Según la demanda federal, ambas medidas dificultan herramientas consideradas esenciales para la aplicación de las leyes migratorias.
“Estas leyes impuestas por el estado socavan los principios del federalismo que sustentan todo nuestro orden constitucional, al intentar impedir la aplicación efectiva de la ley federal en Nueva York”, argumentó el Departamento de Justicia en el documento judicial.
La gobernadora Kathy Hochul y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentaron una contrademanda para permitir que la legislación entre en vigor según lo previsto, a finales de este verano.
Hochul defendió las nuevas disposiciones y afirmó que buscan garantizar la transparencia de las fuerzas de seguridad y evitar el uso de recursos locales para fines que exceden las funciones de las autoridades estatales.
“Los neoyorquinos merecen saber quién hace cumplir la ley en sus comunidades y tener la seguridad de que los recursos locales se están utilizando para proteger la seguridad pública, no para intimidar ni promover los intereses de una agencia federal deshonesta”, señaló la gobernadora en un comunicado citado por Gothamist.
En los últimos meses, varios estados han aprobado restricciones similares al uso de mascarillas o coberturas faciales por parte de agentes de ICE. El Departamento de Justicia también ha impugnado leyes de este tipo en Nueva Jersey, Connecticut y California.
En el caso de California, un tribunal federal bloqueó temporalmente la entrada en vigor de una norma similar al considerar que discriminaba específicamente a agentes federales. Legisladores neoyorquinos han defendido que su ley tiene mayores posibilidades de resistir los desafíos judiciales porque se aplica a todos los cuerpos policiales y no únicamente a funcionarios federales.
La nueva legislación exige que los convenios vigentes concluyan en un plazo de 90 días, fijando finales de agosto como fecha límite para su terminación.
La disputa también ocurre después de que el zar fronterizo de Trump, Tom Homan, amenazara con desplegar más agentes de ICE en Nueva York al considerar insuficiente la colaboración de las autoridades locales. Hochul ha advertido que una medida de ese tipo podría afectar negativamente la economía estatal.
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