En los primeros cuatro meses de 2026 ya se han registrado 55 fallecimientos en los centros penitenciarios de Nueva York, de los cuales una gran proporción fueron adultos mayores que permanecieron recluidos durante décadas. En muchos casos ingresaron siendo jóvenes, enfermos y sin fuerza.
En un panorama en el cual la tendencia es que cada vez más personas mayores mueren tras las rejas y en el tramo final de las deliberaciones presupuestarias 2026-2027, organizaciones defensoras de derechos humanos, líderes electos y familiares de personas que cumplen sentencias prolongadas instan a la gobernadora Kathy Hochul y a la legislatura estatal a finalmente avanzar en un conjunto de reformas que abriría el grifo a la reincorporación a la sociedad de cientos de reclusos con historial de buena conducta.
Este lunes más de una docena de los principales defensores de las víctimas, sobrevivientes de prisiones y familiares de internos, solicitaron en el capitolio estatal en Albany la aprobación de los proyectos de ley de Libertad Condicional para Personas Mayores y de Libertad Condicional Justa y Oportuna. Se trata de dos instrumentos legales que desde hace años han quedado atascados en discusiones presupuestarias.
En esta protesta se convirtió en un emblema el caso de Morris Grady, quien tenía 71 años de edad y varias décadas encarcelado en la Eastern Correctional Facility. Falleció en prisión el pasado mes de febrero, justo cuando activistas comenzaban a movilizarse para abogar por su liberación.
“Él realizó el trabajo de transformarse y de demostrar que estaba listo para ser valioso para nuestra comunidad. El Estado se negó a verlo como algo distinto al hombre que fue sentenciado a prisión hace tantos años. No queremos más muertes tras las rejas. Las familias están diciendo: “¡Ya basta!”, expresó Theresa Grady, esposa de Morris y líder comunitaria de Harlem para la Campaña para la Liberación de Personas Mayores en Prisión (RAPP)
“No son un riesgo”
Los líderes de organizaciones de Derechos Humanos y defensores en Nueva York, en una carta reiteraron a Andrea Stewart-Cousins, presidenta y líder de la mayoría demócrata del senado estatal que las reformas buscan ampliar el acceso a la libertad condicional basada en la transformación individual.
Según los representantes de más de 14 organizaciones, estas ideas legislativas “permitirían reducir la población carcelaria, reintegrar a personas rehabilitadas y redirigir recursos hacia programas comunitarios, promoviendo una justicia más equitativa y orientada a la recuperación”.
Asimismo, portavoces de la organización LiveOn NY en un documento instaron a las autoridades estatales y los legisladores a apoyar “un proceso para evaluar a las personas encarceladas de mayor edad y determinar si representan un riesgo significativo para la seguridad pública”.
De aprobarse, el proyecto Libertad Condicional para Personas Mayores (Elder Parole) haría elegibles para una evaluación a las personas encarceladas de 55 años o más que hayan cumplido al menos 15 años de su condena.
“No se trata de una política de liberación masiva. Más bien, brinda a las personas mayores que se han transformado, la oportunidad de demostrar su carácter moral ante la Junta de Libertad Condicional y, sujeto a la discreción de dicha Junta, ser liberadas para reunirse con sus familias y vivir sus últimos años con dignidad”, destacan los activistas.
Se destaca que aproximadamente 1,000 personas han muerto en prisiones de Nueva York en la última década y otras 1,000 probablemente morirán tras las rejas en los próximos años sin esperanza de liberación, independientemente de cuánto hayan hecho para superarse.
Encierro costoso
Aunque la población carcelaria general ha disminuido, el porcentaje de personas mayores encarceladas ha aumentado considerablemente: una de cada cuatro tiene 50 años o más.
Asimismo los defensores remarcan que “como resultado del racismo sistémico en el país, la gran mayoría de las personas encarceladas son negras y latinas”.
Además, se argumenta que Nueva York gasta en promedio $60,000 al año por cada persona encarcelada, y entre $100,000 y $240,000 anuales por cada adulto mayor en prisión, recursos que podrían invertirse en programas que fortalezcan la salud y la seguridad comunitaria.
Esta manifestación se produce inmediatamente después de la publicación de un informe del Contralor del estado de Nueva York, Thomas DiNapoli, en el que insta a que “Nueva York debe enfrentar los desafíos que plantea una población carcelaria de mayor edad”
El contralor apunta a que es necesaria una evaluación minuciosa de los programas de rehabilitación y del incremento en los costos de atención médica asociados a esta población carcelaria de edad avanzada, a fin de definir un enfoque que proteja a los contribuyentes y garantice la seguridad pública.
Una oportunidad
Con la misma fuerza los activistas siguen exigen que se dé luz verde a la aprobación del anteproyecto Libertad Condicional Justa y Oportuna.
El proyecto propone evaluaciones más amplias para personas ya elegibles, centrando las decisiones no en el delito original, sino en la rehabilitación y el riesgo actual de reincidencia.
“Ir a prisión no debería ser una sentencia de muerte. El estado de Nueva York puede seguir siendo cómplice de la violencia extrema del sistema carcelario, o puede tomar medidas al respecto. Estas medidas incluyen ampliar las vías para el retorno al hogar, proteger los derechos y la dignidad de las personas encarceladas”, remató la senadora Julia Salazar.
Datos duros:
- 9% de la población carcelaria de NY tiene más de 60 años, 22.3% tiene más de 50 años.
- 1 persona muere en las prisiones del estado cada dos días, según datos oficiales.
- 55 personas han fallecido en las prisiones estatales en lo que va de 2026. 11 nacieron en la década de 1960. Siete nacieron en la década de 1950. Seis nacieron en la década de 1940. Dos nacieron en la década de 1930.
