Santo Domingo, RD.- La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana expresó su preocupación ante la detención del proyecto minero anunciada por el presidente Luis Abinader en la comunidad de Los Romero, en la provincia de San Juan, en medio de protestas de organizaciones sociales y comunitarias de la zona y de todo el país.

La preocupación de la cámara surge debido a los efectos institucionales, económicos y en la confianza de los inversionistas que genera la medida del Gobierno.

Martín Valerio, director ejecutivo de la institución, opina que la detención del proyecto minero en San Juan debe basarse en criterios técnicos, evaluaciones ambientales y obligaciones legales.

Según la opinión del experto, el conflicto generado por la intención de la empresa canadiense Gold Guest de realizar exploración minera en San Juan obliga a un debate que conduzca a la aprobación de una nueva Ley de Minería. Esta ley debería establecer reglas claras, garantizar seguridad jurídica, asegurar altos estándares ambientales, promover la transparencia y fomentar una participación social efectiva.

Después de una protesta convocada el pasado domingo en San Juan por grupos sociales y comunitarios, el presidente Luis Abinader recurrió a la Ley 64-00 de Medio Ambiente y sus reglamentos para anunciar la detención inmediata del proyecto minero en la comunidad de Romero.

En un mensaje al país a través de las redes sociales de la Presidencia, afirmó que la legislación establece que “no es viable continuar” con un proyecto de minería que cuente con el apoyo de la población. Esto es lo que ocurre en la provincia de San Juan, donde las organizaciones advierten que la propuesta de la empresa Gold Guest podría perjudicar el potencial acuífero y el medio ambiente en toda la región sur.

Sin embargo, Martín Valerio, director ejecutivo de la Cámara Minera y Petrolera, consideró que la detención del proyecto dispuesta por el presidente Abinader impide al país contar con los estudios técnicos y los insumos necesarios para evaluar la viabilidad de desarrollar una política minera real en el país.