Ministerio Público valora decisión que mantiene prisión preventiva contra fiscal acusado de solicitar soborno

Santo Domingo.- El Ministerio Público valoró la decisión de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional de dejar sin efecto la revisión de la medida de coerción impuesta al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de solicitar un soborno a una persona bajo investigación, y fijar una nueva audiencia para el próximo 3 de septiembre.

Durante la audiencia, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), la procuradora de corte Mirna Ortiz, junto al equipo litigante del Ministerio Público, sostuvo que la revisión de la prisión preventiva no procedía debido a que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia había ratificado la medida el pasado 3 de junio, reiniciando así el cómputo del plazo para su revisión obligatoria.

Al referirse a la decisión del tribunal, el director general de Persecución del Ministerio Público, el procurador adjunto Wilson Camacho, calificó como correcta la acogida del pedimento presentado por el órgano acusador. Explicó que el tribunal aplicó el párrafo tercero del artículo 243 del Código Procesal Penal, el cual dispone que, tras conocerse un recurso contra la medida de coerción, el plazo para la revisión obligatoria comienza a contarse nuevamente.

Camacho precisó que, conforme a esa disposición legal, la revisión corresponde realizarse el próximo 3 de septiembre y reiteró que la prisión preventiva impuesta al imputado permanece vigente. Asimismo, rechazó los argumentos de la defensa sobre una supuesta falta de arraigo, al señalar que tanto el tribunal que impuso la medida como cuatro jueces de la Suprema Corte de Justicia concluyeron que existen elementos suficientes para mantener la privación de libertad.

Valdez Alcántara guarda prisión preventiva desde el pasado mes de mayo en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal. El Ministerio Público le atribuye violaciones a varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Según el expediente acusatorio, el fiscal habría exigido inicialmente 200 mil dólares a una persona bajo investigación, monto que posteriormente redujo a 150 mil dólares durante las negociaciones. Además, presuntamente solicitó un reloj Rolex y un vehículo Mercedes-Benz como parte del soborno, y fue arrestado tras recibir 10 mil dólares en una entrega controlada organizada por las autoridades.