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Lo que empezó como una polémica asociada a los partidos de LaLiga acaba de dar un salto mucho mayor. Los bloqueos que llevamos meses viendo en jornadas de fútbol ya no se quedan ahí: alcanzan también otras retransmisiones deportivas en directo y amplían el radio de una medida que ya venía generando malestar y quejas.
La novedad. Según adelantó El Economista, lo último parte de una resolución de la Sección Mercantil del Tribunal de Instancia de Barcelona ante una demanda de Telefónica Audiovisual Digital. Esa resolución, fechada el 23 de marzo, autoriza a Movistar Plus+ a solicitar al resto de operadores españoles de telecomunicaciones que colaboren en el bloqueo dinámico de webs que difunden de forma ilícita contenidos sobre los que Telefónica tiene derechos. Siempre según la información publicada, la medida empezará a aplicarse este martes con el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, y continuará al día siguiente con el encuentro entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid.
Lo que cambia en la práctica. A partir de aquí, el asunto deja de ser solo una decisión judicial y pasa a convertirse en una operativa concreta. Como hemos visto, y según la mencionada fuente, serán los operadores los que deberán colaborar con Telefónica en el bloqueo inmediato, durante la emisión del contenido, de direcciones IP, URL y nombres de dominio utilizados para la difusión ilícita. La información también sitúa dentro de ese marco a Movistar y O2, además de operadores de MasOrange, Vodafone y Digi.
El alcance. La clave no está solo en quién ejecuta estos bloqueos, sino en el tipo de emisiones que entran ahora en el foco. Si antes la conversación pública tendía a girar alrededor de LaLiga, la nueva información dibuja un escenario bastante más amplio: la autorización se refiere a “todos los días de emisión de eventos deportivos en directo” y alcanza no solo a la Champions, sino también a competiciones de tenis o golf sobre las que Telefónica tenga derechos. Eso ensancha de forma evidente el terreno de juego.
Daños a terceros. La controversia alrededor de estos bloqueos no nace solo de su dureza contra las emisiones ilícitas, sino de lo que ya vimos meses atrás en servicios completamente ajenos a ese circuito. Como publicamos en abril, varias empresas describían caídas de tráfico y de ingresos en el contexto de bloqueos de IP que también afectaron a servicios legítimos. Entre los casos que recogimos estaba el de OnlyTenis.com, cuya responsable situaba la facturación mensual en una bajada desde unos 70.000 euros hasta una horquilla de entre 40.000 y 50.000 euros.
La ampliación. En ese contexto, lo que tenemos delante es una ampliación clara de una estrategia que no es completamente nueva. La diferencia es que ahora el foco se ensancha y, con él, también lo hace una discusión que en España lleva tiempo abierta. Por un lado, está la voluntad de frenar la difusión ilícita de contenidos con medidas más rápidas y más contundentes. Por otro, sigue latiendo la misma pregunta de fondo: hasta qué punto ese endurecimiento puede volver a salpicar a usuarios, servicios y empresas que no forman parte de ese circuito.
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Fuente informativa
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