Cientos de personas se congregaron en Roxbury, Nueva Jersey, el sábado como parte de una manifestación en curso contra el plan del gobierno federal de construir allí un centro de detención de inmigrantes.
La oposición al centro de encarcelamiento ha trascendido las líneas partidistas, ya que el consejo municipal, compuesto exclusivamente por republicanos, se opone a la ubicación del centro de su comunidad. No obstante, la protesta del sábado estuvo encabezada por líderes demócratas progresistas que se oponen a las medidas de deportación del gobierno del presidente Donald Trump.
“He dedicado mi vida a trabajar en viviendas asequibles, así que sé un par de cosas sobre los NIMBY, y esta podría ser la primera vez que realmente lo soy”, expresó la asambleísta estatal demócrata Katie Brennan a la muchedumbre. “Ni en mi barrio, ni aquí, ni en ningún lugar de Nueva Jersey, ni en ningún lugar de los Estados Unidos de América”.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pagó $129.3 millones de dólares por la propiedad en una transacción que se cerró hace poco más de una semana, de acuerdo con los registros presentados ante la Secretaría del Condado de Morris. El costo fue más del doble del monto de la última tasación de la propiedad.
La compra finalizó dos semanas caóticas por parte del gobierno federal. DHS informó al principio que había comprado la propiedad, luego emitió un comunicado señalando que no lo había hecho y luego cambió de opinión, confirmando la venta el 20 de febrero, informó Gothamist.
La medida causó una feroz protesta de muchos residentes y el consejo municipal votó unánimemente a favor de aprobar una resolución en contra de la instalación. Alegaron que el sitio, que albergaría hasta 1,300 detenidos, no era apto para un centro de detención debido a la limitada infraestructura de agua y alcantarillado y porque los servicios locales no estaban “estructurados para absorber las demandas que impondría una instalación de este tipo”.
Se informó que el sitio podría entrar en conflicto con una ley estatal que limita el desarrollo en la zona, debido a su ubicación en una cuenca hidrográfica que abastece a cerca de un millón de residentes de Nueva Jersey.
DHS ha descrito el sitio como una bendición para la economía local, diciendo que traería más de 1,000 puestos de trabajo en el área y $39.2 millones de dólares en ingresos fiscales.
Grupos activistas, incluidos No ICE North Jersey Alliance y No Ice Jails en el norte de Nueva Jersey, han prometido seguir luchando contra el proyecto.
Los manifestantes salpicaron sus comentarios con algunos insultos dirigidos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
Brennan y su colega asambleísta Ravi Bhalla redactaron un proyecto de ley que facilitaría la interposición de litigios civiles contra la agencia federal. El nombre oficial del proyecto de ley es Ley para Combatir Conductas Ilícitas y Mantener el Empoderamiento de las Personas y las Comunidades, o F*#! ICE.
“Este no es un asunto republicano ni demócrata”, expresó Bhalla el sábado. “Es un asunto estadounidense, ¿de acuerdo? Se trata de todos nosotros y de que todos estemos juntos en esto”.
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