El gobierno federal pagó $739,2 millones de dólares por el centro de Otay Mesa, y otros $732,6 millones de dólares por la instalación de California City
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos adquirió dos de los mayores centros de detención de inmigrantes en California en una operación valorada en aproximadamente $1,500 millones de dólares, como parte de la estrategia de la administración del presidente Donald Trump para ampliar la capacidad de detención y acelerar las deportaciones de migrantes irregulares.
Las instalaciones adquiridas son el Centro de Detención de Otay Mesa, ubicado en la zona fronteriza entre California y México, y el Centro de Detención de California City, localizado en el condado de Kern, al norte del área metropolitana de Los Ángeles.
Ambos complejos pertenecían a la empresa privada de servicios penitenciarios CoreCivic.
Según documentos legales de la transacción citados por el medio californiano CalMatters, la compra se concretó el pasado 2 de julio.
El gobierno federal pagó $739,2 millones de dólares por el centro de Otay Mesa, que tiene capacidad para albergar hasta 1,994 personas, y otros $732,6 millones de dólares por la instalación de California City, inaugurada recientemente y con capacidad para 2,560 detenidos.
CoreCivic informó que continuará a cargo de la operación diaria de ambos centros bajo los contratos vigentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, pese al cambio de propietario de las instalaciones.
La adquisición ocurre después de que el Congreso estadounidense aprobara un paquete de aproximadamente $70,000 millones de dólares impulsado por legisladores republicanos para financiar a ICE, la Patrulla Fronteriza y otras agencias federales encargadas de la aplicación de las leyes migratorias durante el resto del mandato de Trump.
El aumento de la infraestructura de detención migratoria se produce en medio de cuestionamientos de organizaciones defensoras de los derechos humanos y grupos comunitarios, que han denunciado presuntas deficiencias en las condiciones de custodia y un incremento de muertes de inmigrantes bajo responsabilidad de ICE.
Durante los primeros seis meses del año se reportaron 52 fallecimientos de personas bajo custodia migratoria, según datos citados en reportes públicos sobre el sistema de detención.
Además, una investigación de CBS señaló recientemente que varios centros de detención de ICE con grandes poblaciones no habían recibido inspecciones en el último año, pese a denuncias sobre posibles irregularidades.
El análisis indicó que al menos 15 de los 45 centros con capacidad para albergar a 500 personas o más no habían sido inspeccionados en ese periodo, mientras que cinco instalaciones no contaban con registros de inspección disponibles.
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