Aunque el fallo puede afectar directamente a beneficiarios de Haití y Siria, la resolución impactaría a 1.3 millones de personas procedentes de 17 países
El Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP, por sus siglas en inglés) presentó este jueves sus argumentos ante la Corte Suprema en representación de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) en medio de la disputa por si el gobierno de Donald Trump tiene facultad de anular este programa que afectaría a cientos de miles de migrantes de Haití y Siria.
Pese a que el fallo de la corte afectará directamente a los beneficiarios de estos dos países, la resolución tiene el potencial de impactar a 1.3 millones de personas procedentes de todos los países designados con TPS. La disputa se centra en el respeto a los controles y equilibrios constitucionales frente a las decisiones de la administración presidencial.
“Si bien no sabemos qué decidirá finalmente la Corte Suprema, sabemos que lo que está en juego no podría ser más importante. La decisión de la Corte determinará el futuro no solo de cientos de miles de beneficiarios de TPS haitianos y sirios, sino potencialmente de 1.3 millones de personas de todos los países designados con TPS“, declaró Sharif Aly, presidente del IRAP en declaracione recogidas por NP Agency.
Dilema en la corte ante posible anulación del TPS
Asimismo, el líder de la organización precisó que la Corte se enfrenta ahora a la elección sobre si mantendrá los controles y equilibrios “en el corazón de la Constitución”, o si Trump “puede pasar por encima de las leyes creadas por el Congreso”.
“De igual importancia es la cuestión moral de si nuestro país desestabilizará a innumerables familias, comunidades y la economía al despojar del estatus legal a las personas que lo tienen y enviarlas de regreso al peligro en Haití, Siria y más allá”, agregó.
Presencia de beneficiarios frente a la Corte
Durante la jornada, cientos de beneficiarios se manifestaron frente a la sede judicial para exigir estabilidad migratoria. La representación legal enfatizó que diversas instancias judiciales han fallado previamente indicando que las agendas políticas no pueden sustituir la voluntad legislativa.
“Los beneficiarios de TPS viven con miedo todos los días, sin saber si podrán quedarse con sus familias y en sus comunidades. Corte tras corte ha dictaminado que la agenda política del Presidente no puede anular la voluntad del Congreso. Hoy, argumentamos ante la corte más alta del país que la administración Trump debe cumplir con la ley, y nos acompañaron afuera cientos de beneficiarios de TPS y simpatizantes que se unieron para decir: debemos proteger el TPS”, declaró Lupe Aguirre, directora Adjunta de Litigios del IRAP.
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