Santo Domingo. – Los familiares del menor asesinado recientemente en esta comunidad denunciaron un estancamiento en las investigaciones y exigieron a las autoridades judiciales la captura inmediata de todos los responsables. A pesar de la conmoción social y las movilizaciones, la familia sostiene que la respuesta del Estado ha perdido fuerza tras la marcha celebrada el día de ayer domingo 15 de febrero.
Nizaury Rosario Pérez, hermana de la víctima, cuestionó la sostenibilidad de las intervenciones de la Dirección General de Migración (DGM). Según su testimonio, el despliegue de agentes y camiones observado antes de la manifestación ciudadana desapareció tras la protesta.
“El día antes de la marcha hicieron un despliegue, pero desde el viernes no se ha visto ni un camión de migración. Si los haitianos se han ido, ha sido por su propia voluntad ante la tensión, no por una intervención real de las autoridades”, afirmó Pérez, señalando una falta de eficiencia en el operativo posterior a la crisis.
Por su parte, Vítor Manuel Medina Pérez, hermano del menor, reconoció que hubo una reducción inicial del 70% en la presencia de inmigrantes en la zona, pero enfatizó que la prioridad absoluta es la justicia penal.
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“Estamos con el pueblo y no podemos quedarnos quietos. Se ha actuado en parte, pero se necesita más. Exigimos que todos los responsables de la muerte de mi hermano sean capturados y paguen por lo que hicieron”, manifestó Medina.
La madre de la víctima, visiblemente afectada, denunció que las autoridades aún no han procedido con la detención de un tercer sospechoso que ya ha sido identificado. Aunque existen dos personas bajo custodia, la familia critica la demora en completar las capturas, advirtiendo que la libertad del último implicado mantiene un clima de inseguridad en la zona.
La familia subrayó que su demanda de justicia se extiende a todas las víctimas de crímenes similares, insistiendo en que este caso no puede quedar impune bajo ninguna circunstancia.
El asesinato ha generado una profunda herida en la comunidad, que permanece en alerta ante la falta de resultados definitivos. Mientras las autoridades aseguran que los operativos continúan, la población local y los familiares exigen que el sistema judicial actúe con mayor rapidez y contundencia para cerrar el caso de manera efectiva.
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