Dos años después de que el presidente Luis Abinader prometiera transparentar la gestión del Gobierno mediante la publicación periódica de las auditorías financieras y de gestión realizadas por la Contraloría General de la República (CGR) en instituciones centralizadas y autónomas del Estado, los datos oficiales muestran un panorama distinto.
En septiembre de 2023, la Presidencia de la República Dominicana anunció que la Contraloría General de la República había publicado sus primeros 19 informes de auditoría. El Gobierno presentó esa medida como un avance en transparencia y como una señal de cumplimiento de la Constitución y de las leyes 200-04 y 10-07.
Según la versión oficial, el objetivo de esas auditorías era garantizar que la ciudadanía pudiera acceder de forma directa a la información sobre cómo se administran e invierten los fondos públicos.
Los números que contradicen el discurso
La credibilidad del discurso oficial se debilita cuando se comparan los anuncios con las cifras de publicación. Entre 2023 y 2024, la Contraloría reportó 206 auditorías, pero solo 39 fueron hechas públicas, lo que equivale al 18.9 % del total. Según la distribución oficial, otras 39 auditorías (18.9 %) estaban listas para publicarse, 67 (32.5 %) seguían en proceso, 33 (16.0 %) estaban finalizadas, pero no se divulgaron, y 28 (13.6 %) correspondían a gobiernos locales.
En lo que va de 2026, la entidad de control interno solo ha hecho públicas tres auditorías correspondientes al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI). Los informes, elaborados entre 2020 y 2022, siguen siendo pocos si se comparan con la cantidad de auditorías ya concluidas o que seguían en trámite de aprobación desde 2024.
En resumen, menos de una quinta parte de las auditorías llegó al público, aunque muchas ya estaban listas o cerca de concluir. Esa brecha refuerza las dudas sobre la transparencia en el manejo de estos informes.
Informes a la Pepca sin acceso público
Además, la Unidad Antifraudes de la Contraloría ha preparado 123 informes para sustentar investigaciones sobre presuntas irregularidades en el Gobierno. De ese total, 83 fueron requeridos por la Pepca y 11 por la vía penal. Sin embargo, la Contraloría no ha hecho público ninguno de esos documentos, lo que impide saber con claridad la magnitud y el alcance de los hallazgos.
Expansión operativa con resultados reservados
La brecha entre las auditorías realizadas y las públicas se amplió en 2025; la Contraloría informó que realizó 184 fiscalizaciones, coordinó otras 42 con firmas privadas y ejecutó 68 auditorías a gobiernos locales entre enero y junio. Es decir, su capacidad operativa siguió creciendo y ese avance fue ampliamente difundido por el Gobierno.
Sin embargo, esa expansión no estuvo acompañada por una política igual de clara para publicar los resultados. Muchos informes siguieron retenidos, pese al aumento en la capacidad de fiscalización. En la práctica, la Contraloría mostró más músculo para auditar, pero no el mismo nivel de transparencia al momento de divulgar sus hallazgos.
Cuando la ley exige transparencia
La Ley 200-04, de Libre Acceso a la Información Pública, reconoce el acceso a la información como un derecho y obliga a las instituciones del Estado a actuar con transparencia activa. Por eso, la publicación de auditorías no debería depender de conveniencias políticas ni de decisiones discrecionales, sino de un procedimiento claro, regular y respaldado por la normativa.
Según la propia versión del Gobierno, la publicación de esas auditorías respondía al cumplimiento de normas ya vigentes sobre acceso a la información y control interno. Si publicar auditorías forma parte de sus obligaciones de transparencia, presentarlo como un anuncio político distorsiona su sentido. Lo que debería ser una regla termina mostrándose como una concesión.
Fuente: Acento
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