SANTO DOMINGO.– El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, bajo la dirección de la jueza Ana Lee Ramírez, se prepara para emitir este viernes, a las 3:00 de la tarde, el fallo que determinará si los imputados en el presunto entramado de corrupción administrativa denominado “Operación Calamar” serán enviados a juicio de fondo.
La audiencia concita la atención pública debido a la magnitud de los fondos públicos presuntamente distraídos de las arcas del Estado, los cuales ascienden a un monto superior a los RD$41,185 millones, según los datos definitivos que constan en el expediente acusatorio formalizado por el Ministerio Público.
Posición del Ministerio Público: “Las pruebas hablarán por sí solas”
El órgano persecutor penal mantiene la firme expectativa de que la totalidad de los encartados sea enviada a la etapa criminal subsiguiente. El expediente abarca un total de 34 personas físicas y 13 empresas, estructuradas bajo lo que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) define conceptualmente como un “holding criminal”.
El titular de la Dirección Nacional de Prosecución de la Procuraduría General, Wilson Camacho, externó de manera categórica que «no existe razón jurídica para que el tribunal frene el envío a juicio de los 46 encartados». En esa misma línea, la coordinadora de la PEPCA, Mirna Ortiz, enfatizó que la apertura a juicio de fondo constituye la única opción legal viable en esta etapa procesal, asegurando que «las pruebas hablarán por sí solas» ante el tribunal de fondo.
Los argumentos de la defensa técnica
En contraposición, los principales exfuncionarios encartados en el expediente —entre quienes figuran los exministros Ángel Donald Guerrero Ortiz (Hacienda), José Ramón Peralta (Administrativo de la Presidencia) y Gonzalo Castillo (Obras Públicas)— ratifican su inocencia y confían en la emisión de un auto de no ha lugar o su eventual absolución.
La defensa técnica del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, fundamenta parte sustancial de sus alegatos de descargo en los resultados de un peritaje contable patrimonial ordenado de manera oficial por el propio tribunal. De acuerdo con lo expuesto por el encartado, dicho peritaje —realizado por los especialistas Ramón Antonio Perelló y Pedro Urrutia Sangiovanni— examinó minuciosamente sus ingresos, bienes y documentación fiscal en la República Dominicana y Puerto Rico durante el período 2012-2023, concluyendo que «no existe ningún indicio de operaciones sospechosas, irregularidades financieras ni señales de lavado de activos» en su patrimonio.
Detalles del entramado según la acusación
El Ministerio Público sostiene en sus legajos que la presunta red criminal desplegó múltiples líneas de acción ilícita enfocadas en el desvío de fondos del erario. Entre las modalidades delictivas que detalla la PEPCA se encuentran:
• Programa de contratistas de Banreservas: La supuesta erogación fraudulenta de RD$20,904 millones a través de facilidades crediticias y pagos de deudas no conciliadas, donde el Ministerio Público imputa de manera directa el uso de documentación falsa y la usurpación de funciones de la Tesorería Nacional.
• Expropiaciones de terrenos: Pagos ilícitos por concepto de supuesta deuda administrativa para la adquisición de terrenos del Estado, identificándose desembolsos fraudulentos que totalizan más de RD$17,922 millones a favor de diversas sucesiones y empresas vinculadas.
• Reconocimiento de deudas y cubicaciones ficticias: La supuesta alteración de cubicaciones y volumetrías de obras inexistentes o cerradas de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) para el financiamiento de campañas políticas.
• Operaciones en casinos y juegos de azar: La presunta instauración de un esquema ilegal de cobros en efectivo a bancas de lotería y apuestas que operaba al margen de la Dirección de Casinos y cuyos fondos no ingresaban al Estado.
La decisión que dictará el Cuarto Juzgado de la Instrucción este viernes marcará un hito procesal en uno de los casos de persecución anticorrupción más complejos e impactantes de la historia judicial contemporánea de la República Dominicana.
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