Corte Suprema bloquea orden de Trump que prohibía la ciudadanía por nacimiento para hijos de indocumentados

La Corte Suprema decidió en contra de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que intentó cancelar la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados.

La decisión 6 a 3 fue sobre la opinión escrita por el magistrado presidente de la Corte, John Roberts, quien concluye que los hijos nacidos de padres que se encuentran en Estados Unidos de forma irregular o temporal “nacen en Estados Unidos” y “están sujetos a su jurisdicción”.

“Según la Constitución, son ciudadanos desde su nacimiento”, señala la decisión sobre el caso Trump versus Barbara.

Las magistradas Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Amy Coney Barrett y Ketanji Brown Jackson se sumaron al magistrado Roberts. El juez Brett Kavanaugh respaldó parcialmente.

Tras varias demandas en distintas cortes, el caso llegó a la Corte Suprema con una intensa presión del presidente Trump, quien afirma que la ciudadanía por nacimiento solamente se consideró en la Decimocuarta Enmienda para los hijos de esclavos.

El 20 de enero de 2025, apenas a dos horas de arribar a la Casa Blanca, el presidente Trump firmó la orden ejecutiva para terminar con la ciudadanía por nacimiento, impactando la Constitución.

La orden del mandatario republicano indica que aplicaría a los bebés nacidos después del 19 de febero de 2025, que fueran hijos de padres que no sean ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes legales, es decir personas indocumentadas o con otro estatus de visa; así como hijos de madres sin estatus legal o con residencia temporal.

Los únicos bebés con ciudadanía serían aquellos nacidos de un padre ciudadano o titular de Green Card, o que su madre fuera ciudadana o titular una Green Card, refugiada o asilada.

En su opinión, el magistrado Roberts invoca la historia de la Decimocuarta Enmienda, aprobada tras la Guerra Civil estadounidense para resolver la cuestión de la ciudadanía de los exesclavos nacidos en Estados Unidos y luego liberados.

“La ciudadanía, entonces y ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’”, escribe Roberts. “Mantenemos esa promesa hoy”.

La opinión disidente fue liderada por el juez Samuel Alito, quien calificó el fallo como “un grave error”.

“Un análisis cuidadoso del texto de la Decimocuarta Enmienda y del proceso que condujo a su adopción […] demuestra que no menoscaba el concepto de ciudadanía estadounidense de esta manera. Por el contrario, la Decimocuarta Enmienda confiere la ciudadanía únicamente a aquellos niños que, al nacer, deben lealtad exclusivamente a este país”, expresó.

La orden de Trump enfrentó varias demandas inmediatas, incluida una demanda colectiva de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) a nombre de Barbara, Susan y Mark, cuyos hijos pudieron ser afectados por la orden del mandatario.

“La decisión de hoy representa una victoria para las familias inmigrantes y reafirma más de 150 años de consenso legal y bipartidista: que, en su mejor versión, Estados Unidos es y siempre ha sido una nación de inmigrantes”, declaró Molly Curren Rowles, directora ejecutiva de la ACLU de Maine. “Nuestra diversidad cultural y nuestra apertura a las ideas, la innovación y la libre expresión se basan en el principio de igualdad ante la ley. Si bien nunca deberíamos haber tenido que presentar este caso, esta decisión puede sentar las bases de un compromiso renovado con nuestra audaz y visionaria democracia multicultural”.

“La decisión correcta”

Thomas Wolf, director de las iniciativas sobre democracia del Brennan Center for Justice en la Facultad de Derecho de NYU, consideró que la decisión de la Corte Suprema fue la “correcta”.

“El dictamen de hoy es la decisión correcta en medio de una avalancha de opiniones de la Corte Suprema que han socavado nuestra democracia. La Corte no podría haberse pronunciado razonablemente de otra manera”, expuso. “La Decimocuarta Enmienda garantizó la ciudadanía a toda persona nacida en este país hace más de 150 años. La Corte Suprema lo confirmó 20 años después en el caso Wong Kim Ark. Pero, ahora, la Corte Suprema se ha embarcado en una cruzada antidemocrática”.

Wolf aprovechó abordó también otras opiniones de la Corte Suprema que socavan la democracia y los derechos de inmigrantes.

“En tan solo las últimas semanas, la Corte siguió socavando la Ley de Derecho al Voto, alentó a una manipulación partidista de distritos electorales mucho más agresiva, amplió peligrosamente el poder presidencial sobre las agencias federales y restringió aún más las protecciones para las personas inmigrantes”, expresó. “Este dictamen [sobre ciudadanía] no compensa todo el daño que la Corte ha hecho durante esta sesión judicial”.

Un duro camino tras restricciones de la Corte Suprema

En junio, la Corte Suprema determinó que las decisiones de cortes de Distrito y de Apelaciones se mantendrían a las jurisdicciones correspondientes, es decir, no tendrían un impacto a nivel nacional, lo que complicó demandas como la de ciudadanía por nacimiento.

Sin embargo, los magistrados también determinaron que las decisiones de un tribunal podrían ser a nivel nacional si había una demanda colectiva.

Tras esa decisión, el 27 de junio de 2025, ACLU de Maine, la ACLU de Nuevo Hampshire, la ACLU de Massachusetts, el Fondo de Defensa Legal, el Caucus de Derecho Asiático y el Fondo de Defensores de la Democracia presentaron una nueva demanda contra la orden de Trump en nombre de un grupo de bebés afectados y sus padres.

“Para las familias estadounidenses de hoy, la ciudadanía por derecho de nacimiento representa la promesa de que sus hijos pueden alcanzar su máximo potencial como estadounidenses”, reclamó la demanda. “Significa que los niños nacidos aquí pueden soñar con ser médicos, abogados, maestros, emprendedores o incluso presidentes; sueños que se verían truncados si se les retirara la ciudadanía en función del estatus de sus padres”.

Otras tres demandas obtuvieron inicialmente órdenes judiciales a nivel nacional que protegían a todas las personas sujetas a la orden ejecutiva, pero la decisión de la Corte Suprema en junio limitó dichas órdenes, dejando potencialmente a algunos niños sin protección.

El 10 de julio de 2025, la Corte bloqueó preliminarmente la orden de Trump que restringía la ciudadanía por derecho de nacimiento y certificó provisionalmente una demanda colectiva a nivel nacional, pero el 26 de septiembre de 2025, el gobierno solicitó a la Corte Suprema que admitiera el caso.