El caso de Esmeralda Moronta ha provocado indignación nacional y fuertes cuestionamientos al sistema judicial dominicano, luego de que su familia denunciara graves fallas institucionales que, según afirman, pudieron evitar la tragedia. Estefanía Moronta sostuvo que el Estado incumplió su deber de proteger a su hermana, pese a que había acudido al sistema en busca de ayuda y medidas de protección.
La familia denuncia que existieron omisiones, filtraciones de información y negligencia dentro de las instituciones encargadas de velar por la seguridad de la víctima. Señalan que no bastaba con ofrecer una casa de acogida, sino garantizar custodia y protección efectiva ante el riesgo que enfrentaba Esmeralda. Además, exigen investigar a funcionarios, personal administrativo, seguridad y posibles cómplices que habrían facilitado la ejecución del crimen.
En el documento también se citan artículos de la Constitución, el Código Penal y leyes especiales como la Ley 24-97 y la Ley 631-16 sobre Control de Armas, argumentando que hubo violaciones legales y fallas graves del sistema de justicia. La familia asegura que la investigación no debe quedarse únicamente en el autor material, sino alcanzar toda la estructura que permitió la tragedia.
Finalmente, hicieron un llamado a la magistrada para que el caso marque un precedente histórico y exista un verdadero régimen de consecuencias contra todos los responsables, incluyendo funcionarios y empleados negligentes. Afirman que la justicia no puede seguir siendo un espectáculo mediático, sino una garantía real de protección para las víctimas.
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